Castilla-La Mancha, entre las poblaciones rurales de España más concienciadas con la huella de carbono

CIDE, asociación de compañías distribuidoras de energía eléctrica, ha celebrado hoy la Asamblea Territorial de Castilla-La Mancha, en una jornada que ha contado con la presencia de las 23 empresas distribuidoras que desarrollan su actividad en las zonas rurales de la región castellanomanchega. Además, al acto han asistido el consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, el director general de Transición Energética, Manuel Guirao, y el director general de CIDE, Leonardo Hervás.

«El medio rural de la región está llamado a desempeñar un papel indispensable en el proceso de descarbonización de la economía, pues alberga gran parte del potencial de generación de energía renovable, además de presentar las condiciones idóneas para su desarrollo, y por eso es fundamental apoyar a las empresas que realizan su trabajo en este entorno, con un labor relevante garantizando el suministro eléctrico e impulsando la actividad económica»

José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha

De esta forma, el consejero ha recordado las distintas líneas de ayudas con las que cuenta la Consejería, como los 34,5 millones de euros en materia de movilidad sostenible dentro del Plan Moves III y los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, con un montante superior a 62 millones de euros.

Observatorio de Descarbonización Rural

Durante la Asamblea se han presentado los resultados del II Informe del Observatorio de Descarbonización Rural, promovido por CIDE. Según el análisis, la transición energética progresa a un ritmo más lento del deseado en el ámbito rural, pese a que ha evitado la emisión de 44 millones de toneladas de CO2 equivalentes durante el año 2021.

«La transición ecológica puede ser, y ha de ser, una oportunidad para el mundo rural y no puede dejar a nadie atrás»

Leonardo Hervás, director general de CIDE

El análisis realizado apunta a una alta preocupación en el medio rural por la huella de carbono, que se sitúa en una media nacional del 7,6 (valores de 0-10, siendo 10 la mayor preocupación). Un grado que en el caso de la población rural de Castilla-La Mancha aumenta hasta una puntación del 8,1, liderando con La Rioja y El País Vasco el ranking de poblaciones rurales más preocupadas por la emisión de gases de efecto invernadero.

En referencia a la descarbonización del transporte, el informe también pone de manifiesto el desequilibrio territorial en la implantación del vehículo eléctrico, ya que más del 90% del crecimiento registrado en el último año se ha producido en zonas no rurales. En el caso concreto de Castilla-La Mancha, el número de vehículos eléctricos ha aumentado en más de un 50% en 2021, alcanzando un total de 1,3 millones. Además, la intención de compra de un vehículo eléctrico en la región pasará de un 3% en 2021 a un 8% en 2022.

«Desde CIDE apostamos por desarrollar el vehículo eléctrico en nuestro ámbito de actuación, porque entendemos que es un deber de todos traer la movilidad sostenible a nuestros pueblos y acabar con la brecha en la movilidad»

Leonardo Hervás, director general de CIDE

El contexto económico actual en Europa, marcado por la escalada de precios, pone de relevancia el autoconsumo y el despliegue de comunidades energéticas. A nivel general, respecto al año pasado, existe una evolución positiva en el desarrollo del autoconsumo en las zonas rurales. En particular, el 34% de las empresas y el 8% de los hogares rurales disponen de autoconsumo en sus propiedades. En el caso de Castilla-La Mancha, la evolución podría acelerarse si se eliminan o reducen los principales obstáculos que lo impiden, ya que la penetración ha crecido un 3% en 2021, y además existe tendencia positiva a instalar autoconsumo en hogares rurales, pasando de un 3% a un 14% en Castilla-La Mancha.

El informe también pone de relieve la necesidad de una mayor información para el acceso a los recursos públicos, ya que solo 8 de cada 100 empresas y 1 de cada 100 hogares rurales han solicitado ayudas de los Fondos Europeos Next Generation.